El decreto al que me refiero, en lo esencial, obliga a los profesionales afectados a concurrir personalmente a una farmacia, para adquirir hasta un máximo de 30 comprimidos, que además deben dar personalmente a los pacientes. Este documento constituye, a mi juicio, una discriminación dirigida directamente contra una profesión determinada, además de una seria limitación para el tratamiento de varias patologías propias del ámbito del ejercicio profesional de los odontólogos.